Consecuencias inesperadas

La vuelta al poder de Shinzo Abe el pasado mes de diciembre ha supuesto una revolución en los mercados japoneses. Su experimento económico, basado en tres pilares (políticas monetarias expansivas, estímulo fiscal y cambios estructurales en la rígida economía nipona), fue recibido por el Nikkei 225 con una revalorización espectacular. El selectivo pasó de los 9.000 puntos a los que cotizada en noviembre hasta superar los 15.600 recientemente.

La determinación del Banco de Japón de alcanzar un objetivo de inflación del 2%, ha llevado a una caída de su divisa y mejora en la confianza de recuperación económica. Esta situación generaba un círculo virtuoso de depreciación del yen y repunte en la renta variable japonesa.

La fiesta ha continuado de forma ininterrumpida mientras el bono japonés, eminentemente en manos de inversores domésticos, así lo ha permitido. Pero en las últimas semanas, le referencia japonesa a 10 años ha repuntado con fuerza, pasando de niveles del 0,5% hasta casi llegar al 1%.

Un repunte en la rentabilidad exigida a la deuda pública no tiene por qué ser negativo, si se produce por la expectativa de un mayor crecimiento. Sin embargo, el movimiento observado parece responder a la expectativa de inflación generada por el Banco de Japón. De esta forma, los inversores en bonos japoneses están adelantándose a las intenciones del banco central al demandar una mayor rentabilidad que cubra su pérdida futura de poder adquisitivo.

Esta inesperada respuesta debería ser monitorizada con cautela por el propio Abe y el Banco de Japón. La estrategia de generar expectativas de inflación podría volverse en su contra, si estas expectativas de inflación se materializan antes que la propia recuperación económica. De especial preocupación sería que el ejecutivo nipón llegue a plantearse políticas de consolidación fiscal ante la subida en el coste de su deuda, lastrando una recuperación que realmente nunca llegó a producirse.

Marcos Sánchez Bienzobas (msanchez@ibercaja.es). Ibercaja. Heraldo de Aragón, 9 de junio de 2013