AÑO NUEVO, ¿VIDA NUEVA?

La propuesta lanzada por el Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales manteniendo salarios plantea retos significativos. De momento las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los Sindicatos y las organizaciones empresariales avanzan y, pese a las discrepancias en las mismas, el objetivo es que se aplique a lo largo del 2025. Los sindicatos respaldan la propuesta al considerarla una mejora para los derechos de los trabajadores mientras que el sector empresarial muestra preocupación por los posibles incrementos en los costes laborales, especialmente en los sectores intensivos en mano de obra.
 
De ejecutarse de manera inmediata y generalizada implicaría un aumento del 6,3% en los costes laborales interanuales. Este incremento podría disparar la inflación y elevar el deflactor del PIB en mayor o menor medida en función de la progresividad en la implementación. Dicho lo cual cabe recalcar que aún se desconoce cómo entrará en vigor.
 
En definitiva, la reducción supone un cambio de calado en el mercado laboral español con implicaciones significativas tanto a nivel sectorial como territorial. Y si bien su aplicación gradual podría mitigar parte de los riesgos inflacionistas, el éxito dependerá de lograr consensos que equilibren derechos y costes laborales, productividad y estabilidad económica.